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Boletín de prensa 18 de julio de 2011
EL TIEMPO
RAMA JUDICIAL DEBE TENER MÁS RECURSOS Y JUECES: CONSEJO DE ESTADO
El presidente del Consejo de Estado considera que en el Congreso, donde proseguirá el debate a partir del próximo 20 de julio, continuarán siendo escuchados y tenidos en cuenta.
¿Fracasó el acercamiento con el Gobierno para llevar al Congreso una propuesta única de reforma de la justicia?
Considero que de esa reunión lo más valioso fue la total disposición de las partes para examinar sin ninguna prevención y con total franqueza los diversos aspectos que puedan ser objeto de ajustes para mejorar la administración de justicia. Pero, dado que se trata de temas complejos, se llegó a la conclusión conjunta de que ningún tema quedaba clausurado. Por el contrario, debemos seguir en este diálogo constructivo.
¿Van con proyecto aparte?
Solo cuando la Sala Plena del Consejo de Estado llegue a una conclusión podremos responder con precisión lo que se supone debe ser el siguiente paso en estas materias. Antes, sería precipitado señalar cuál será exactamente esa línea.
¿No temen que se intente amarrar a las cortes y quitarles dientes en sus investigaciones?
Aspiramos a que ello no se dé y estamos absolutamente seguros de que las otras ramas del poder público seguirán escuchando, con el respeto con el que lo han hecho, las reflexiones que hace en cada tema la rama judicial.
¿Cuál debe ser el eje esencial de esa reforma?
El Consejo de Estado estima muy importante fortalecer la independencia de la rama judicial, para avanzar en la consolidación de la democracia y del Estado de derecho. Consolidar esa autonomía es un aspecto que debe ser tutelar en estas materias.
¿Qué los preocupa de la propuesta que será presentada el 20 de julio?
La jurisdicción de lo contencioso-administrativo tiene una preocupación muy importante en la búsqueda de los mecanismos que permitan dar una respuesta pronta y eficiente a todos aquellos usuarios de la administración de justicia. Creemos que deben hacerse esfuerzos para solucionar las dificultades, pero esas soluciones deben buscarse por dentro de la rama, no por fuera.
¿Cuáles son esos elementos que se deben tener en cuenta?
No es menos cierto que el tema de recursos resulta absolutamente fundamental para asegurar el número necesario de jueces que frente a la altísima demanda de administración de justicia está requiriendo el país.
¿Cuál es, entonces, la prioridad: más jueces o más plata?
El tema de acudir a los recursos no obedece ni de lejos a ineficiencia de los jueces ni a falta de cumplimiento de sus funciones, ni a la de acudir a la vía fácil de simplemente pedir más plata. El tema de los recursos debe estar es en relación con el número de jueces, con el apoyo y el soporte humano y técnico que cada juez requiere, las condiciones en como desarrollan sus funciones. Creemos que estas soluciones tienen que mirarse de manera integral.
¿Las fallas de jueces también deben ser revisadas?
Sin duda, esos son elementos que tienen que examinarse, para tratar de racionalizar y mejorar el funcionamiento de la administración de justicia. Y en la búsqueda de esos propósitos, naturalmente, siempre hemos tenido y tenemos la mejor disposición.
¿Cómo espera el debate en el Congreso?
Si finalmente el diálogo fuere necesario adelantarlo en el seno del Congreso de la República, igual creemos que la interacción de las tres ramas del poder público seguirá, como ha sido hasta ahora, absolutamente respetuosa, fluida, constructiva, y, en ese sentido, simplemente formulamos votos por que este respeto mutuo, esta comunicación, se dé sin ninguna dificultad hacia el futuro.
CONGRESO CONFORMÓ COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LEY DE VÍCTIMAS
Justicia y paz ha entregado 1.318 restos a familiares de víctimas.
Estará pendiente de la implementación y aplicación de esta histórica iniciativa.
El senador liberal Juan Fernando Cristo explicó que esta comisión ejercerá el control político del Gobierno, para facilitar la expedición de los decretos reglamentarios de esta norma, con la que se busca reparar a cerca de 4 millones de víctimas.
"El mismo 21 de julio convocaremos la primera reunión y vamos a citar a los funcionarios del Gobierno que están trabajando en la expedición de los decretos reglamentarios de la ley", precisó el senador liberal.
También se busca abrir un espacio para que las víctimas y sus organizaciones puedan participar en el proceso de reglamentación de la norma.
Para el representante liberal Guillermo Rivera, esta comisión vigilará que las instituciones que se creen para aplicar los procesos de reparación no se politicen y estén listas antes de finalizar el año.
"Buscamos garantías para que las personas que van a estar al frente de esas instituciones sean ajenas a la politiquería y a cualquier interés distinto a reparar a las víctimas", precisó Rivera.
REFORMA ESTRUCTURAL DEL ESTADO, EN NUEVA AGENDA LEGISLATIVA
Por: YAMID AMAT
El ministro Germán Vargas Lleras considera que la próxima agenda legislativa del Gobierno es tan ambiciosa e importante como la que presentó en el primer año.
El ministro Lleras explica las iniciativas que llevará el Gobierno al Congreso desde el 20 de Julio.
Reforma a la Justicia y regalías, temas claves.
Una estructural reforma al Estado "para transformarlo en más justo, más equitativo, más social, más funcional y equilibrado", según definición del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es la que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentará al Congreso para el nuevo período legislativo, que se inicia el miércoles. Está contenida tanto en proyectos de reforma constitucional, como en iniciativas estatutarias y legales. El Ministro explica cada uno de los proyectos que se presentarán.
¿Qué proyectos constituyen la plataforma que el Gobierno presentará al Congreso la próxima semana y que será debatida en la nueva legislatura?
La nueva agenda para este segundo período es tan ambiciosa como la primera, y de igual importancia por el número de proyectos y por su contenido. El acto legislativo de reforma a la Justicia; el trámite en segunda vuelta de la reforma que desmonopoliza el ejercicio de la acción penal; el estatuto registral, jueces de paz, derechos de autor, código general del proceso, nuevo código penitenciario, el estatuto de estupefacientes, arbitraje y arancel judicial.
Culminarán trámite nuevos códigos de régimen departamental y municipal; los proyectos de voluntariado de bomberos y el que penaliza el racismo. Radicaremos también un proyecto de mujeres afro y el estatuto de la oposición. Defensa llevará, nuevamente, el código de convivencia y una reforma a la Justicia Penal Militar y a la Defensoría Técnica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Va a ser reglamentada la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar. Del Ministerio de Minas destaco tres: el nuevo código minero, la reglamentación de la reforma a las regalías y la autorización para efectuar la venta de un 10 por ciento adicional de Ecopetrol, con destino al financiamiento de infraestructura vial y portuaria.
¿Insistirán en la reforma a las corporaciones autónomas?
Por supuesto. El proyecto hace parte de la plataforma. Se reformarán los órganos de dirección para sustraerlos del clientelismo y la politiquería, mejorar las funciones de estas entidades como entes reguladores de los ecosistemas y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Sina). En comunicaciones, se reglamentarán las competencias que hoy cumple la Comisión Nacional de Televisión, que será liquidada. En educación, se presentará la reforma a la educación superior; en transporte, la reforma al Código de Tránsito y, complementario, el proyecto que establece el régimen de infracciones y sanciones. En Hacienda, la reforma estructural en lo fiscal.
¿En qué consiste la reforma constitucional a la Fiscalía?
En que las víctimas de un delito y otras autoridades podrán ejercer la acción penal, es decir, acusar ante los jueces en delitos menores, permitiendo excepciones al monopolio que, en ese sentido, tiene la Fiscalía.
¿Qué se busca?
Que las personas afectadas no estén supeditadas en determinadas causas a la congestión, para hacer valer sus derechos.
¿Cómo va a operar la nueva distribución de regalías?
La nueva distribución beneficiará al 70 por ciento de la población que estaba excluida de estas posibilidades. La mayor participación irá a los territorios más pobres que, con estos recursos, podrán acometer proyectos aplazados. Para que se dé una idea: Nariño percibía unos 8.000 millones de pesos al año por regalías; ahora, en el primer año, pasará a recibir 250.000 millones. Igual con Cauca, Chocó y Atlántico...
¿Qué propondrán para sustituir la Comisión Nacional de Televisión?
El manejo del espectro estará a cargo de una agencia nacional; el de las redes, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y se creará un nuevo organismo orientado a promover la industria de contenidos.
¿A pesar de las observaciones de los rectores, insistirán en la reforma a la Educación Superior?
Sí. Se busca un sistema de educación superior que propicie diversidad de fuentes de recursos para generar condiciones que amplíen la oferta a la población de menos recursos y propenda por la calidad.
¿Inversiones privadas y ánimo de lucro?
La reforma plantea canalizar nuevos recursos para la educación superior pública, tanto a la oferta como a la demanda, por medio del crédito educativo subsidiado. Los recursos del presupuesto nacional siempre son insuficientes, y por eso se autoriza la inversión privada a través de dos mecanismos: el de alianzas entre el sector privado y el público y el de instituciones con ánimo de lucro.
Otra reforma legal es la del Código Minero, ¿qué establece?
Blindar y proteger a las comunidades más vulnerables. Regular el sector para permitir un desarrollo sostenible.
¿Y el Código de Tránsito?
Es necesario para cumplir la meta de reducir en un 50 por ciento los muertos en accidentes, introducir el concepto de puntos en las licencias de conducir y reducir la corrupción en los trámites.
Sobre la reforma a la Justicia, ¿qué va a pasar con los cuatro grandes temas en los que no hubo consenso? ¿Por qué insiste el Gobierno en que la Corte Constitucional sea órgano de cierre y que haya tutelas contra sentencias judiciales?
La Constitución estableció que había tutela contra cualquier acto de autoridad, lo que incluye las sentencias de las altas cortes, y señaló que la Constitucional es el órgano de cierre en tutela, a través de la revisión. Sobra decirle que ni la Corte Suprema ni el Consejo de Estado comparten ese criterio.
Pero es lo que viene ocurriendo...
Por supuesto, el más reciente caso, muy divulgado por cierto, fue la tutela que dejó sin piso la sentencia del Consejo de Estado en el pleito de Granahorrar.
Esa sentencia fue del Consejo de Estado, pero la Corte Suprema no reconoce ningún fallo de tutela de la Constitucional contra sus sentencias.
Sí, pero que no los reconozca no quiere decir que los fallos emitidos por la Corte Constitucional, en materia de tutela contra providencias de las altas cortes, no se estén aplicando.
¿Por encima de la decisión de la Suprema?
Sí. Esto es lo que se denomina choque de trenes, pero lo importante es aprovechar esta oportunidad para zanjar la discusión.
¿En materia del derecho de tutela es esa la única discusión?
No, pero sí la más importante. Las demás, todas, se conciliaron. Por ejemplo, la no procedencia de tutelas contra sentencias de superiores jerárquicos.
¿El gran juez será el Congreso?
Naturalmente, y cualquiera que sea la posición, bien la del proyecto, o la tesis de la no procedencia de tutelas contra sentencias de cierre, el propósito se habrá cumplido.
¿Y el tema de la doble instancia, para evitar que la Sala Penal de la Corte investigue, acuse y falle?
La Corte Suprema reconoció, en la mesa de discusión de la reforma, que debe establecerse una doble instancia en el juzgamiento de aforados, e incorporar también el sistema acusatorio en el juzgamiento de estos.
¿Cuál será la segunda instancia?
Hay criterios restrictivos y amplios. El primero, que propone la Corte y que el proyecto del Gobierno contempla, divide en tres secciones la Sala Penal para que una opere como ente acusador, otra como primera instancia y, la tercera, como segunda instancia. El segundo criterio atribuye a las salas civiles y laborales la apelación.
¿Se mantiene la idea inicial de quitarles a las cortes sus funciones nominadoras?
El proyecto propone sustraer a la rama jurisdiccional de la integración de ternas en la elección de procurador y contralor, a nivel nacional y regional.
¿Es conveniente eso?
La intervención de los jueces en la designación de los órganos de control le ha hecho más daño que bien a la Justicia.
y frente a la congestión qué prevé el proyecto?
Un conjunto de estrategias, algunas ya en marcha, como las reformas a los procedimientos. Para lograr este cometido fue aprobado el nuevo Código Contencioso; además hizo tránsito el general del proceso, y llevaremos el estatuto arbitral al Congreso. El presupuesto asignado a la Justicia para el 2012 se va a incrementar considerablemente, pero aun así hemos propuesto mecanismos transitorios y excepcionales para evacuar 2, 2 millones de procesos represados, permitiendo atribuir funciones jurisdiccionales, en algunas materias, a notarios, centros de conciliación, auxiliares de la Justicia y abogados.
¿Considera que la reforma a la Justicia es inaplazable?
Sí. No podemos seguir pensando en recomendaciones que en el pasado han dado resultados muy limitados. En días recientes fue entregado el informe del Banco Mundial, que indica que Colombia está en el puesto 178 entre 183 naciones evaluadas en resolución de conflictos. El tiempo que toma un proceso judicial en nuestro país solo es superior en Surinam, Bangladesh, Afganistán y la India. ¡Hágame el favor! ¿No es esa razón más que suficiente para repetirle que la reforma es absolutamente indispensable e inaplazable?
Consejo de la Judicatura, al estilo 'Emisor'
¿El Gobierno insiste en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura?
En las discusiones con las altas cortes, coincidimos en que, bajo el presupuesto de garantizar la plena autonomía de la rama, es necesario optimizar su administración. El modelo que queremos es similar al de la junta del Banco de la República, compuesta por los propios presidentes de las cortes y un gran gerente encargado de la administración de la Justicia.
¿Y la Sala Disciplinaria?
Se podría conservar con algunas reformas.
¿Y las enmiendas sobre las condiciones para ser magistrado?
Están incluidas. Así como la edad de retiro.
¿Es partidario del actual retiro a los 65 años?
No. Creo que debe extenderse hasta los 70 años.
Reformas tributarias no subirán tarifas
¿En las reformas tributarias se aumentarán tarifas?
No. El presidente ha dado claras instrucciones: las reformas no deben incluir alza de tarifas. Se buscará la simplificación de las normas. Se quiere estimular los negocios y las inversiones.
SANTOS NO TIENE QUE RECTIFICARSE POR TUTELA DE JUEZ
El fallo del Tribunal Superior de Santander fue revocado por la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, no tendrá que rectificarse de lo que dijo el 24 de abril pasado cuando refiriéndose al hábeas corpus que un juez de Bucaramanga concedió a un reconocido guerrillero de las Farc mencionó que "entendemos que en toda institución hay manzanas podridas, hay gente que no trabaja con el mismo espíritu y la misma dedicación que la mayoría de la gente".
Esta frase del Mandatario generó que el Juez Segundo de Menores, Juan de Dios Solano, y instaurará una tutela contra Satos por considerar que se había afectado su buen nombre y honra.
En mayo pasado el Tribunal Superior de Santander falló a favor del demandante y le exigió a Santos retractarse de las palabras que había emitido después de que Solano dejó en libertad a José Marvel Zamora 'Chucho', considerado mano derecha del extinto 'El Mono Jojoy' y quien fue recapturado cuando salía de la Cárcel Palogordo en Girón (Santander).
Pero en fallo del jueves pasado la Corte Suprema de Justicia negó el amparo impetrado por el juez y revocó la tutela del Tribunal por considerar que no está probado que las palabras de Santos le causaron daño a Solano.
Los magistrados de la Sala Civil de la Corte consideraron que el "promotor del amparo (el Juez) se sintió aludido, sin que su nombre fuera expresamente mencionado, así su investidura estuviere asociada en el contexto o con los hechos", por eso consideran que la magnitud del daño es "hipotético" y que las palabras de Santos corresponden a una metáfora.
Tras la salida y recaptura del guerrillero, condenado por los delitos de terrorismo agravado y hurto calificado, el juez Solano enfrenta un proceso judicial por prevaricato.
El funcionario no se ha pronunciado sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
PROCURADURÍA PIDE PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES INDÍGENAS EN ARAUCA
Denuncian casos de abuso sexual y de reclutamiento forzado. Crítica situación de DD. HH.
Los ministerios de Defensa, del Interior y de la Protección Social cuentan con tres meses para adoptar medidas de protección y evitar que las siete comunidades indígenas de Arauca desaparezcan como pueblo. El plazo lo dio la Procuraduría ante la grave crisis humanitaria en ese departamento.
"Desde el 2010, este órgano de control advirtió con preocupación de la grave crisis humanitaria en Arauca, producto de los altos índices de violencia, desplazamiento forzado y confinamiento que allí se registran, sumados a graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas que allí habitan", dijo la delegada para la Prevención de los Derechos Humanos. Comunidades como los hitnus están en riesgo de ser aniquilados física y culturalmente por el asedio de grupos armados en su territorio.
Ante el peligro en el que viven, la Corte Constitucional dictó medidas de protección especial para ellos hace dos años, pero hasta el momento no han sido cumplidas por las autoridades, dijo la Procuraduría en su informe.
La situación se agrava debido a que los 26 resguardos indígenas que hay en Arauca están en zonas de tránsito y de refugio de grupos armados ilegales. Las Farc y el Eln han sembrado extensas áreas con minas antipersonas, reclutan niños o los utilizan en actos de guerra.
Entre el 2009 y el 2010 hubo 17.000 desplazados en ese departamento, la mayoría indígenas, según estadísticas.
El Ministerio Público constató denuncias sobre frecuentes casos de desplazamiento forzado, persecución de líderes indígenas y defensores de derechos humanos por parte de las Farc, el Eln y bandas criminales, lo mismo que actos de tortura y de violencia sexual supuestamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
Según las denuncias, los indígenas desplazados son amenazados por la guerrilla, que les prohíbe el ingreso a sus hogares. Es el caso de 11 familias de la comunidad de Iguanito y Caño Claro que permanecen hacinadas en el municipio de Puerto Rondón.
El Ejército, según el informe, usa indígenas como informantes, lo que ha desatado una persecución contra líderes de estas comunidades. También se denunció el caso de una indígena de 13 años víctima de abuso sexual, al parecer, por miembros del Ejército, y el caso aún no arroja resultados, a pesar de los informes de Medicina Legal, que constataron la agresión.
Ante este panorama, la Procuraduría pidió al Ministerio de Defensa establecer los factores reales de riesgo de estas comunidades y que especifique en qué lugares es posible su retorno y en cuáles es necesaria su reubicación. Mientras tanto, el Ministerio del Interior tiene cinco días para diseñar un plan de protección de líderes indígenas y defensores de derechos humanos amenazados.
'EL CONGRESO NO PUEDE QUEDARSE MUDO EN REFORMA DE LA JUSTICIA'
Juan C. Esguerra, ministro de Justicia, dice que no puede haber tolerancia frente a la corrupción.
Juan Carlos Esguerra, el hombre designado por el presidente Juan Manuel Santos para liderar el regreso del Ministerio de Justicia al mapa de la institucionalidad colombiana, habló con EL TIEMPO sobre sus prioridades al frente de esa cartera.
Esguerra, cabeza de un prestigioso bufete de abogados, ex ministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos, dice que la reforma de la Justicia, el tema clave en la agenda legislativa, mantendrá, en todo caso, el espíritu de la Constitución del 91. Y se declara "aterrado" por la corrupción puesta en evidencia por los últimos escándalos.
¿Cuál es el problema más grande que tiene la justicia en este momento?
Muchos. El primero, el de los tiempos de la justicia, hasta ocho años en un proceso; el segundo, el de la congestión de la justicia. Y también hay uno que, en el fondo, existe siempre: providencias judiciales, actuaciones judiciales, que dejan que desear. En todos esos frentes habrá que trabajar, pero hay que reconocer que, en términos generales, tenemos un formidable aparato judicial y tenemos magníficos magistrados y jueces.
¿El proyecto de reforma llegará al Congreso consensuado con las cortes?
El Gobierno confía en que así sea y desea que así sea. Pero entiende que, perfectamente, puede no ser, que sería razonable que no lo fuera, puesto que son muchos los actores, por supuesto, muchos los criterios. Además, tiene la convicción de que, en últimas, el árbitro es el Congreso de la República, que tomará las decisiones que le correspondan.
¿Cómo se conjurará el riesgo de que en la reforma terminen metiéndose 'micos' que minen la capacidad de las cortes para investigar a los congresistas?
En eso yo tengo, con todo respeto, discrepancias. Lo que no puede hacerse es evitar que el Congreso cumpla su tarea, tratar de que el Congreso sea mudo, que no chiste en el proyecto de reforma de la Justicia que presentó el Gobierno y lo pase tal cual, sin moverle una coma, porque, entonces, para qué el Congreso. A mí me gusta que haya discusión, que haya discusión abierta, que haya discusión amplia. Naturalmente, hay que esperar y trabajar cuanto sea necesario para evitar el riesgo de que se le rompa el cuello a lo que se está proponiendo. Pero el debate yo creo que es bueno. De manera que, bienvenidas sean esas discusiones, pero, por supuesto, bien intencionadas. Lo que estaría mal es que, de repente, vayan a colarse enmiendas torcidas de los proyectos, que busquen satisfacer un interés particular o un interés que no toca; eso no está bien.
El Gobierno tiene la facultad de ternar magistrados. ¿Veremos, como en el pasado, personas que vienen del mundo de la política llegando a las cortes?
Eso no se da mucho. Últimamente se ha dado más bien el caso al contrario, de magistrados que terminan de políticos. Eso ha venido ocurriendo, y entre los propósitos de la reforma está que se vuelva por ciertos fueros que son propios de la majestad de la justicia. La magistratura en una alta corte debe mirarse y considerarse como un fin en sí mismo y no como un medio. No que ocurra como a veces ha ocurrido, que entonces resuelven los magistrados irse a hacer política con el resultado de su tarea como magistrado; con todo respeto, eso no debe ser así. Por supuesto, en la medida en que al Gobierno le corresponda una función de postulación para un cargo de tipo jurisdiccional o uno jurídico, mi posición siempre estará, y estoy absolutamente cierto de que la del Presidente con mayor razón, por que el candidato que se escoja sea el mejor posible.
¿Qué hacer frente a las ollas podridas que se han venido destapando en los últimos meses?
Todo. Me parece, y lo ha dicho el Presidente, que los esfuerzos del Gobierno, los esfuerzos de los colombianos deben orientarse decididamente a combatir la corrupción. Es que lo que hemos venido viendo es realmente patético, realmente aterrador y eso hay que combatirlo con dureza, con justicia y con efectividad; por supuesto, respetando el derecho de defensa.
¿La corrupción se salió de lo que algunos consideraban como sus 'niveles normales'?
Con todo respeto, yo debo decir que no hay límites normales de corrupción. En materia de corrupción, la tolerancia debe ser cero y el combate contra ella debe ser del ciento por ciento. Yo no creo que pueda haber gobierno satisfecho diciendo que hay un tris menos de corrupción. No. En eso no puede haber contemplaciones, no puede haber claudicaciones, no puede haber tolerancia. ¿Acaso qué clase de país les queremos dejar a nuestros hijos? ¿Un país medianamente corrupto?
Proyecto, a punto de llegar al Congreso
Esguerra dice que el proyecto, que llegará al Congreso en las próximas semanas, tocará temas puntuales.
"Una reforma trascendental, en el sentido de que cambie el diseño de la justicia que dejó la Constitución del 91 no va a ser. Es más bien de corrección de inconvenientes."
La carrera del ministro
Esguerra repite gabinete
Entre varios nombres que estuvieron sonando en los últimos meses para estar al frente del resucitado Ministerio de Justicia, el presidente Santos optó finalmente por el de Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
Fue constituyente en 1991 y uno de los padres de la tutela. En el gobierno Samper fue ministro de Defensa y embajador en Estados Unidos. Santos lo incluyó en la terna para Fiscal General de la que salió elegida Viviane Morales.
'Abogados no deben azuzar pleitos familiares'
Esguerra dice que un cambio fundamental tiene que ver con la cultura y la formación de los abogados. "Ahí hay que meter mano (...), intensificar el esfuerzo y la concentración en ética profesional", afirma. El ministro, que se posesionará los primeros días de agosto, agrega que, aunque un principio básico es que es mejor un mal arreglo que una buena pelea, las facultades no forman abogados que concilien, sino excelentes "pleiteadores".
"Me parece, por ejemplo, que los abogados en ocasiones se dedican a azuzar los pleitos de problemas familiares (...). Por ejemplo, en los divorcios, el agua sucia que pueden echarse marido y mujer finalmente escurre sobre los hijos y eso no puede ser."
Puntos que separan a cortes y Gobierno
1. La tutela
La Corte Suprema y el Consejo de Estado se oponen a que la Corte Constitucional revise sus sentencias por medio de la tutela. El ex magistrado Pablo Cáceres dice que esa revisión debe seguir, pero mediante un recurso excepcional de constitucionalidad y solo para violaciones del debido proceso.
2. La Judicatura
El Gobierno quiere acabar el Consejo Superior de la Judicatura y las cortes prefieren que se mantenga el modelo, pero con reformas. El abogado Rafael Nieto considera que ese tribunal debe desaparecer y crear una gerencia para administrar la Rama.
3. Doble instancia
Aunque no hay discusión en que se introduzca una segunda instancia en el juzgamiento de funcionarios con fuero, las cortes rechazan tribunales especiales. El ex procurador Jaime Bernal cree que en esa función podrían entrar los tribunales superiores.
4. Descongestión
El Gobierno quiere darles funciones provisionales de juez a notarios y abogados, como fórmula de descongestión. Los presidentes de las cortes se oponen y dicen que lo que se necesita es más plata para la Rama, para tener más jueces.
LAS CORTES DICEN QUE NO ESTÁN DIVIDIDAS POR REFORMA A LA JUSTICIA
El pronunciamiento conjunto lo hicieron a través de un comunicado divulgado este viernes.
En el documento, de tres puntos, aseguran que "no existe enfrentamiento alguno que afecte el buen funcionamiento de la administración de la Justicia".
También reiteran la necesidad de que la Rama cuente con recursos suficientes para que los jueces puedan "ofrecer una rápida y pronta justicia".
Este el texto del comunicado:
La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura en representación del poder judicial de Colombia, hacen saber a la opinión pública nacional e internacional:
1 Que cada una de las altas cortes del país, viene cumpliendo sus funciones jurisdiccionales que les corresponde, acorde con la Constitución Política y la ley.
2 Que no existe enfrentamiento alguno entre las altas corporaciones judiciales que afecte el buen funcionamiento de la administración de justicia.
3 Que tal como es de conocimiento público, se requiere la asignación de recursos presupuestales suficientes para ofrecer una pronta y cumplida justicia.
Firmado:
Camilo Tarquino Gallego
Mauricio Fajardo Gómez
Angelino Lizcano Riv
ASESINATOS DE LARA BONILLA Y LOW MURTRA, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Así lo determinó este lunes un fiscal de Derechos Humanos y DIH.
Así, los homicidios de los dos ex ministros de Justicia ya no podrán prescribir.
De acuerdo con la decisión del fiscal esos crímenes hicieron parte de un plan sistemático y generalizado que desarrollaron grupos del narcotráfico, para eliminar a dirigentes políticos, periodistas y personajes de la vida nacional que desde sus diferentes ámbitos se opusieran al ilícito negocio.
El asesinato del ministro Lara Bonilla fue cometido el 30 de abril de 1984 en la calle 127 con carrera 41 de Bogotá, ciudad en la que exactamente siete años más tarde también fue ultimado el ex ministro y ex embajador Low Murtra a su salida de una céntrica universidad.
Igualmente, el fiscal reiteró la declaratoria de crímenes de lesa humanidad, hecha por una fiscal especializada de Medellín, para estos casos: secuestro de Andrés Pastrana Arango, 18 de enero de 1998; homicidio del procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, 25 de enero de 1998; crimen del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, 3 de julio de 1989.
Otro tanto ocurrió con los siguientes procesos: Explosión del avión de Avianca, 27 de noviembre de 1989, donde perecieron más de 100 personas; atentado al DAS, 6 de diciembre de 1989,que costó la vida a 50 personas; secuestro y posterior muerte de Luz Marina Montoya, 17 de septiembre de 1990; secuestro de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar, 8 de noviembre de 1990, y atentado al diario El Espectador, 2 de septiembre 1989.
EL ESPECTADOR
EL CONGRESO QUE LLEGA
Más allá de indispensables ajustes en temas como pensiones, salud, tributación y la anunciada reforma a la Justicia, se espera que este Congreso resuelva estas controversias con sentido de Estado y no de interés partidista o particular. El mapa político que resulte de las elecciones regionales puede afectar, favorablemente, la coalición mayoritaria que lidera el gobierno Santos en el Congreso.
El periodo legislativo que comienza encuentra a un gobierno que mantiene altos sus niveles de aprobación popular, los cuales parece dispuesto a seguir “gastando” proponiendo nuevas reformas. Aunque esa popularidad no necesariamente se traduce en leyes que impulsen las políticas públicas que se propone, sin duda avalará su liderazgo en los procesos de expedición de nuevas normas.
La agenda prioritaria de temas indispensables para que el país funcione, puede modelarse en tres grandes áreas: la que afecta directamente ingresos y gastos del Estado, tributación y pensiones; la del sector de la salud, luego de destapar la olla, y la reforma de la Justicia.
Una vez establecida la responsabilidad fiscal, el principio según el cual un aumento en los niveles de impuestos desestimularía la inversión y la generación de empleo, no deja otro camino para fortalecer las finanzas públicas, en el corto plazo, que la ampliación de la base tributaria y la reducción de los niveles de gasto asociados con corrupción. Lo que se ha encontrado en la DIAN y lo que falta, comparable a una o varias reformas tributarias, es un estímulo claro para que el Congreso continúe en la senda de dotar de herramientas al ejecutivo y los organismos de control ,de tal forma que una eventual reforma tributaria complemente, optimizado, el recién expedido estatuto anti corrupción.
Los malos manejos en las EPS han puesto sobre la mesa una eventual reforma al régimen de salud. El Congreso deberá debatir si se trata del modelo o de la corrupción asociada. Por lo que se ha visto y si recordamos el caos existente antes de la Ley 100, pareciera que la pregunta para responder se refiere a la manera como se pueden administrar mejor recursos públicos que ejecutan privados. Algún senador ha propuesto suspender la intermediación de las EPS, pero también puede pensarse en complementar los sistemas de control reglamentando la intervención de firmas privadas de auditoría. El debate está abierto.
Pese a la complejidad de los mencionados, el tema de temas que abordará la próxima legislatura será el de la reforma a la Justicia. El gobierno ha buscado consensuar cualquier proyecto con las altas cortes, hasta ahora sin éxito. Pero el problema no consiste solamente en reducir, hasta donde sea posible, las fricciones entre las cortes o entre estas y el gobierno, buscando una salida política. El Congreso debe encontrar la manera de reducir los tiempos de los procesos y descongestionar los despachos judiciales, entendiendo que desarrollar la Justicia oral, el nombramiento pro témpore de auxiliares de la Justicia y la dotación de recursos tecnológicos, serán herramientas de gran utilidad. Pareciera un asunto administrativo más que uno teórico, jurídico o político.
Para afrontar los debates que se vienen, el Congreso ha recuperado algo su alicaído prestigio, luego del primer periodo legislativo. Deberá demostrar ahora que, pese a los naturales intereses y sucesos políticos, es capaz de supeditarlos al interés supremo del Estado, para lo cual se encuentra con un gobierno que no tendrá dificultad en mantener las mayorías de la coalición. Todo hace prever, incluida la catástrofe del Polo, que en las elecciones regionales la coalición se verá más fortalecida que debilitada, generando un escenario más que propicio para estas y otras reformas.
EL NUEVO SIGLO
GOBIERNO PROMULGA HOY LA REFORMA A LAS REGALÍAS
Después de la Ley de Víctimas, se considera que esta es la iniciativa más importante del Gobierno de Unidad Nacional.
EL ACTO Legislativo que reformó el Sistema General de Regalías será promulgado esta mañana, a las 11:30, en una ceremonia que liderará el presidente Juan Manuel Santos en Tumaco, Nariño.
Con esa reforma constitucional el Gobierno Nacional quedó habilitado para contar con recursos por más de 10 billones de pesos anuales y establecer una nueva forma de distribución de los mismos.
Después de la Ley de Víctimas, se considera que Regalías es la iniciativa más importante del Gobierno de Unidad Nacional, pues ordena que los recursos obtenidos por dicho concepto, que originalmente son destinados a las regiones donde hay explotación minera para que sean aprovechados en temas de educación y salud, serán redistribuidos en regiones no productoras, que hasta el momento no recibían presupuesto alguno por este rubro.
La iniciativa, que fue tramitada en el Congreso como el proyecto de Acto Legislativo número 123 de 2010 Cámara – 013 de 1010 Senado, “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”, fue aprobada el 10 de junio y conciliada cinco días después.
De acuerdo con el articulado, serán sujetos beneficiarios del Sistema General de Regalías, el Fondo de Ahorro y Estabilización y el Fondo de Competitividad Regional los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos tendrán derecho de participación en las regalías y compensaciones.
Los recursos del Sistema General de Regalías se destinarán a financiar proyectos regionales de desarrollo económico, social y de infraestructura, inversiones en ciencia, tecnología e innovación, ahorro pensional territorial y para la generación de ahorro público.
El Fondo de Ahorro y Estabilización será administrado por el Banco de la República y estará constituido por una parte del valor total de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones y tendrá como objetivo general absorber las fluctuaciones en el valor de las mismas, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los beneficiarios.
El Fondo de Competitividad Regional, que será administrado por el Gobierno Nacional en los términos que defina la ley a que se refiere el artículo 360, estará conformado a su vez por el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, los cuales se constituyen en un mecanismo de equidad entre las entidades territoriales del país y su finalidad es la financiación de proyectos regionales de desarrollo. La distribución de sus recursos se realizará con base en los criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad regional.
El Fondo de Compensación Regional tendrá una duración de veinte años, a partir de la vigencia de la ley a que se refiere el artículo anterior. Se compone con un porcentaje del valor de los recursos del Fondo de Competitividad Regional y se destinará a las regiones más pobres del país, asignándole una alta prioridad a las zonas costaneras y fronterizas. A su vez, el Fondo de Desarrollo Regional, al cual tendrán acceso todas las regiones del país, tendrá duración indefinida y se financiará con el porcentaje restante de los recursos del Fondo de Competitividad Regional. La misma Ley definirá la gradualidad en la asignación de los porcentajes entre los dos Fondos, de tal manera que al fin al del vigésimo año la totalidad de los recursos se concentren en el Fondo de Desarrollo Regional.
El diez por ciento de los recursos del Sistema General de Regalías, descontados los valores destinados al Fondo de Ahorro y Estabilización y de ahorro pensional territorial, se destinará a proyectos de ciencia, tecnología e innovación y se ejecutará de conformidad con la ley a que se refiere el artículo anterior.
67 Leyes Se Sancionaron Durante El Último Año
Víctimas, Sostenibilidad Fiscal, reformas a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia, entre lo promulgado.
Muchos elogios se han hecho sobre el trabajo del Congreso en la pasada legislatura, pero constatar que aprobó en total 67 leyes que ya fueron sancionadas por el gobierno de la Unidad Nacional quizás pueda significar un nuevo récord para el Senado y la Cámara.
A pocas horas de comenzar la segunda legislatura del actual Congreso, EL NUEVO SIGLO publica parte de un listado con las leyes sancionadas a la fecha, elaborado por la oficina de Prensa del Senado.
Ley 1409 del 30 de agosto de 2010, "Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se dicta el código de ética y otras disposiciones".
Ley 1254 del 30 de agosto de 2010, "Por medio de la cual se aprueba el 'convenio básico de cooperación técnica y científica entre el gobierno de la República de Guatemala y el gobierno de la República de Colombia', hecho en la ciudad de Uma, el 23 de noviembre de 2001".
Ley 1345 del 30 de agosto de 2010, "Por medio de la cual se aprueba el 'convenio de cooperación comercial entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Turquía', hecho y firmado en Ankara el 17 de mayo de 2006".
Ley 1407 del 17 de agosto de 2010, "Por la cual se expide el Código Penal Militar". De acuerdo a las disposiciones de este Código, las Cortes Marciales o los Tribunales Militares conocerán sobre los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.
Ley 1410 del 13 de septiembre de 2010, "Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte", adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA".
Ley 1411 del 19 de octubre de 2010, "Por medio de la cual se aprueba el 'acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio entre la república de Colombia y Canadá', hecho en Bogotá el día 27 de mayo de 2010".
Ley 1412 del 19 de octubre de 2010, "Por medio del cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve ligadura de conductos diferentes o vasectomía y ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable".
Ley 1413 del 11 de noviembre de 2010, "Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.
Ley 1414 del 11 de noviembre de 2010, "Por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral".
Ley 1415 del 22 de noviembre de 2010, "Por medio de la cual se establecen los requisitos y mecanismos ágiles para la postulación, asignación y aplicación de subsidios familiares de vivienda para la población rural afectada por desastres naturales, calamidad pública o emergencia, o con viviendas en zonas de alto riesgo". La presente ley fija los mecanismos para la postulación, asignación y aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda en Suelo Rural, que otorgue el Banco Agrario de Colombia S.A. y las demás entidades del Estado que administren recursos públicos destinados para tal fin, otorgados a las familias que han perdido la totalidad de su vivienda o esta ha sido afectada como consecuencia de una situación de desastre natural, calamidad pública o emergencia o cuya vivienda se encuentre en zona de alto riesgo.
Ley 1416 del 24 de noviembre de 2010, "Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal".
Ley 1417 del 24 de noviembre de 2010, "Por medio de la cual la nación se asocia a la celebración de los 200 años del municipio de Anorí, departamento de Antioquia".
Ley 1418 del 1 de diciembre de 2010, "Por medio de la cual se aprueba la 'Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas' adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006".
Ley 1419 del 13 de diciembre de 2010, "Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Colombia".
Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011".
Ley 1421 del 21 de diciembre de 2010, "Por medio de la cual se prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006".
Ley 1422 del 29 de diciembre de 2010, "Por la cual se establece exención general de impuestos para la realización del campeonato mundial masculino de fútbol sub 20".
Ley 1423 del 29 de diciembre de 2010, "Por la cual se modifica la ley 71 del 15 de diciembre de 1986". Luego de la expedición de la presente ley, el artículo 2° de la Ley 71 de 1986 quedó así: "La emisión dé la estampilla cuya creación se autoriza será hasta por la suma de CIEN MIL MILLONES DE PESOS moneda legal colombiana ($100.000.000.000,00) a valor constante a la fecha de expedición de la presente Ley.
¿QUÉ REFORMAS DEBE RECIBIR LA COMISIÓN DE ACUSACIÓN DE LA CÁMARA?
Mininterior propuso que magistrados la integren. Unos piden que debe dejarse como está, otros que el juzgamiento lo debe asumir un tribunal especial.
VARIAS PROPUESTAS que piden dejar su funcionamiento tal como está, hasta otras que sugieren integrar un tribunal especial, suenan a la hora de reformar la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El tema fue puesto sobre la mesa hace un par de semanas por el ministro del Interior, Germán Vargas, quien propuso dentro de la discusión de la reforma judicial, integrar magistrados a dicha Comisión, con el fin de que realicen la etapa de investigación.
EL NUEVO SIGLO consultó a varios expertos judiciales para saber qué reformas debe recibir ese polémico órgano.
El ex fiscal Alfonso Valdivieso señaló que el juzgamiento debe seguirse dejando en manos del Congreso, pero con personal idóneo.
“Yo sí creo que se necesitan funcionarios que tengan conocimiento en materia de investigación para que arranquen las investigaciones, porque se han tenido graves experiencias por procesos que van al Congreso y no se hacen las respectivas investigaciones. Entonces, se absuelve a alguien sin haberlo investigado. Yo creo que hay que buscar una opción que garantice que sean personas idóneas las que adelanten la etapa de investigación”, expresó.
Según Valdivieso, “es preferible que exista un cuerpo especializado, por ejemplo de magistrados, a que lo sigan haciendo personas que no tienen esa formación. La investigación debe ser ajena al Congreso, pero que la decisión sí la tome éste último”.
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Pablo Cáceres, afirmó que no hay que crear supercortes u otros órganos judiciales, porque el sistema actual es el idóneo.
“Eso se inventó desde 1745 por los ingleses, y ese sistema se desvirtuó en la época en la que pretendió hacerle un juzgamiento al expresidentes Samper. Lo que hay que hacer es lo que se tenía desde aquí hace mucho tiempo, que no ha debido cambiarse, y es que la Cámara de Representantes haga la investigación y acuse, y el Senado decida, en el caso de indignidad o por mala conducta, y la Corte juzgue por razones de delitos cometidos. Pero la decisión de la Cámara de Representantes es una decisión eminentemente política, no es una decisión de tipo judicial”, afirmó.
De acuerdo con Cáceres, “aquí no hay que inventar supercortes ni nada, porque eso ya está hecho. Porque es que obran en función de la coyuntura y no de la concepción del derecho constitucional”.
El también ex fiscal general Alfonso Gómez propuso crear un sistema mixto donde el Congreso sea el ente acusador y el juzgamiento lo haga un tribunal especial.
“La propuesta mía es fortalecer las funciones judiciales del Congreso. O se fortalecen, o se quitan. Una fórmula mixta sería que el Congreso cumpla simplemente una función política, que consiste en desaforar al Presidente, es decir permitir su procesamiento, y que haya un tribunal especial integrado por ex magistrados, como en su época fue la Corte Electoral, que no cobran sueldo, donde por ejemplo sea el Fiscal General quien se encargue de la investigación o un fiscal especial designado por el Congreso o por la Corte Suprema, y que ese tribunal especial sea el que haga el proceso”, anotó.
El abogado Jaime Granados criticó la propuesta hecha por Vargas: “Esa propuesta que le escuché al ministro Vargas Lleras, me parece inconveniente, porque la característica del Congreso en esa materia, en el control que hace es político, por lo que no puede ser delegada por la Comisión. Lo que sí bien podría hacer la Comisión es estar asesorada por funcionarios independientes, para que no cometan los errores que se han visto.
ANALIZAN DOSIS MÍNIMA Y UNIONES HOMOSEXUALES
El acto legislativo que prohíbe el porte y consumo de la dosis mínima de sustancias psicoactivas, seguirá bajo estudio hoy y mañana por la Sala Plena de la Corte Constitucional, al igual que la nueva demanda contra el matrimonio heterosexual.
La reforma constitucional sobre la dosis mínima fue demandado en una expresión del artículo primero que reza: “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.
Los demandantes argumentan que la expresión acusada sustituye el principio de la autonomía personal, ya que éste “es un elemento definitorio de la Constitución”.
De igual manera, exponen que el Estado no puede educar a las personas con normas represivas o limitar la libertad con sustento en prejuicios, tal como lo ha planteado la Corte Constitucional en las sentencias C-221 de 1994 y C-404 de 1998.
La demanda también manifiesta que dicha expresión busca atajar el consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, no como un problema de salud pública, sino como una actividad moralmente incorrecta, para afirmar a renglón seguido que ello no corresponde a una sociedad pluralista y respetuosa de la dignidad humana.
De otro lado, en concepto rendido el pasado tres de marzo, el procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la expresión demandada exequible.
El jefe del Ministerio Público argumentó que se puede establecer que “ninguno de los ejes definitorios de la identidad de la Constitución vigente, y tampoco la dimensión que en la misma se otorga a la autonomía personal, se ven desconocidos o alterados al punto de hacerlos nugatorios o sustituidos con la disposición que se acusa”.
De otro lado, también el alto Tribunal seguirá examinando una nueva demanda contra el Código Civil, en el artículo que describe el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. La demanda expone que dicha expresión viola el derecho a la igualdad de las parejas homosexuales a contraer matrimonio civil.
REFORMA A LA JUSTICIA. ESPERPENTO Y BONDAD
Por RODRIGO POMBO CAJIAO*
Cuando en Colombia se habla de Reforma a la Justicia nos referimos a la reforma a la administración de justicia, es decir, a los mecanismos procesales y de organización estructural de un poder público para que se administre justicia.
Con este tipo de proyectos no se pone en juego nunca ni el concepto ni el entendimiento de la justicia. En países muy dados a creer que todo se soluciona con el cambio de leyes y decretos, una reforma constitucional de alta envergadura (22 artículos se pretenden modificar) como la que se prepara se convierte en gran noticia.
Sin embargo, y después de haber estudiado con detenimiento el proyecto del gobierno, me atrevo a manifestar, por lo pronto, dos comentarios: por un lado, es de celebrar que hay conciencia de que en nuestro país no hay, no existe, es ausente la administración de justicia con lo cual resulta más que pertinente analizar lo que está sucediendo y emprender reformas. Por el otro, me gustaría comentar que con este proyecto se institucionaliza una ancestral cultura de negación de justicia. Se pretende elevar a rango constitucional una cultura a la que le gusta aplicar una justicia que nunca llega, esto es, la injusticia.
En efecto, en lo que hace a lo primero, la cuestión está clara: el proyecto es noble en querer eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y entregarle con ello la gerencia de la rama a los administradores y gerentes y no a los “eruditos” abogados. Es loable también el interés de que dentro de una democracia participativa y contemporánea se les entregue cada vez más a los particulares el revestimiento de aplicar justicia y, tal vez lo más importante es lo que subyace a la reforma: se les quita de las manos a las altas cortes y a los juristas y procesalistas la organización constitucional de la administración de justicia.
Es que para un Estado tan malo es que los abogados ejerzan como médicos como que en sus manos se deleguen las reformas políticas necesarias de la justicia. Los juristas deben hacer los códigos procesales y las reformas de ley pero los estadistas deben diseñar y construir los Estados a través de sus Constituciones políticas.
En lo que hace a lo segundo, vale decir, a la constitucionalización de la injusticia, me parece tan triste como lamentable el hecho de que se pretenda institucionalizar la tutela contra sentencias judiciales, máxime si no se especifica claramente qué sentencias y en qué instancias. Eso hace que los procesos sean interminables y que la inseguridad jurídica aflore.
Como el tema es tan extenso como importante, le dedicaré el próximo espacio para comentarlo.
REVISTA SEMANA
¿A QUÉ LE TEMEN LAS CORTES?
Esta semana el gobierno y los magistrados presidentes de las Altas Cortes se reunieron para intentar llegar a consensos frente a la reforma a la justicia. La iniciativa no arrojó resultados sobre los puntos claves.
Nadie duda de que una reforma a la justicia es indispensable en Colombia. La pregunta es si el Congreso aprovechará esto para vengarse de las Altas Cortes.
Hay algo que no cuadra en el debate que se está dando sobre la reforma a la justicia: prácticamente todo el país está de acuerdo con la urgencia de dar un vuelco en esta materia, y sin embargo el gobierno y las Cortes llevan casi un año debatiendo su contenido sin ponerse de acuerdo.
La situación es kafkiana. Durante los últimos ocho meses, dos veces por semana, un grupo de magistrados en representación de las Altas Cortes y el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, y otros altos funcionarios del gobierno se reunieron para llegar a un acuerdo sobre el texto del proyecto de la reforma. Pero no pudieron ponerse de acuerdo. Ni siquiera los retiros espirituales de dos días que hicieron la semana pasada sirvieron. El gobierno, entonces, tuvo que aplicar su ultimátum y anunció que presentará la reforma al Congreso este 20 de julio.
Ya en el gobierno de Álvaro Uribe se había visto lo difícil que podría ser: los cuatro ministros que pasaron durante esa cartera en ocho años, que intentaron hacer la reforma fracasaron. En ese entonces siempre se pensó que los roces de la Casa de Nariño con la Corte Constitucional primero, y la Corte Suprema después, eran la razón del fracaso. Pero ahora cuando en la relación entre el presidente y las Cortes reinan la cordialidad y el respeto, esa respuesta ya no funciona. ¿Cuál es el problema para que la reforma a la justicia no cuaje?
Hasta ahora el debate se ha concentrado en los puntos concretos de la reforma -ponerle freno a la tutela contra sentencias para acabar con el 'choque de trenes', acabar con el Consejo Superior de la Judicatura en busca de una más eficaz administración de la rama, crear un tribunal independiente que investigue y juzgue a los magistrados, quitarles a las Cortes su papel en la elección del contralor y el procurador, entre otros- y son temas de gran calado.
Pero el gran problema no es ninguno de esos cambios puntuales. En el fondo, las Cortes tienen un miedo genuino de que por la vía de una reforma bien intencionada, como esta, se le recorte autonomía a la rama judicial. "Se tiene la idea de que la reforma en el fondo lo que busca es debilitar la independencia y autonomía de la rama y constituir un tribunal que frene las investigaciones contra los congresistas", le dijo un magistrado a SEMANA. Y otro anotó: "Muchos creemos que la reforma es buena. Pero nunca se sabe qué puede salir del Congreso. Corremos un riesgo muy alto de que se le recorte autonomía a la justicia". El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, lo dejó claro en sus declaraciones públicas: "Resulta fundamental mantener en la Constitución y, en lo posible, profundizar en todo aquello que tiene que ver con la autonomía de la rama judicial".
Y no es un temor infundado. Al fin y al cabo hay una gran diferencia en que una Constituyente le meta la mano al diseño del aparato de la justicia en la Constitución, y otra muy distinta que lo haga el Congreso de la República, que tiene intereses creados muy claros en este tema.
Y en particular un Congreso como este, que aún no acaba de salir de uno de los escándalos más sonados de su historia como es el de la parapolítica, en el que precisamente ha sido la Corte Suprema la protagonista clave. ¿La clase política no aprovechará la oportunidad para crear un tribunal que investigue a los magistrados a imagen y semejanza de sus necesidades? ¿En un escándalo como el de la parapolítica, por ejemplo, un tribunal conformado por la clase política encontrará la manera de destituir al magistrado que lidere la investigación o al que se convierta en su investigador estrella? ¿O el Congreso se sustraerá acaso de la tentación de dejar sin dientes o borrar de un tajo la pérdida de investidura que hoy es tarea del Consejo de Estado?
O incluso también puede ocurrir que en el Congreso se caigan partes de la iniciativa como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Un magistrado de esta Corte dijo a esta revista: "¿Acaso alguien cree que los congresistas se van a desprender de este tribunal, que es en el que la clase política tiene mayor influencia y le es funcional para algunas de sus necesidades?".
El segundo punto de fondo para que el gobierno y las Cortes no hayan podido llegar a un acuerdo sobre el texto de la reforma es que el remedio que se está proponiendo no garantiza propiamente la cura para la enfermedad. Este cambio constitucional, según algunos expertos, solo resolvería un porcentaje menor de la catástrofe de la rama. Los indicadores son desastrosos: de cada cien asesinatos, solo en siete de los casos se logra encontrar al culpable y condenarlo. Esto quiere decir que de un año como 2010, cuando se presentaron 15.459 asesinatos, solo se conocerán los responsables de 1.082. Y el otro dato grueso que asusta es que de los más de dos millones de denuncias que entraron al sistema judicial el año pasado, se quedaron en él un millón, es decir que el aparato judicial solo está siendo capaz de atender la mitad de ellas. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con que mientras el número de casos que entra al sistema judicial aumentó en 180 por ciento en los últimos 15 años, el número de fiscales, investigadores y jueces no creció más de 20 por ciento.
Eso sin contar con la manera como las tutelas, en materias como salud y pensiones, que se evitarían si el sistema de seguridad social atendiera como es debido a los ciudadanos, vienen asfixiando en los últimos años el sistema judicial.
En la reforma que propone el gobierno solo hay un punto que va directo al almendrón del problema -y de por sí es polémico- pues plantea que se les pueda dar a abogados y notarios facultades jurisdiccionales durante unos pocos años para aplicar un plan de choque de descongestión de juzgados.
Es claro que la reforma a la justicia es crucial para fortalecer la democracia. Hoy, la ineficiencia, la politización y la corrupción de la rama judicial son uno de los mayores problemas que tiene el país. Pero como los remedios que se piensan aplicar no necesariamente van a curar a este enfermo, vuelven a saltar las suspicacias. ¿En qué va a mejorar la investigación en Colombia el hecho de que las Cortes dejen de nominar la terna para procurador como lo propone el gobierno? ¿O la terna de contralor?
El ministro Germán Vargas Lleras ha dicho que esta es apenas la reforma constitucional y que luego vendrán otras leyes reglamentarias para atacar la congestión y la eficacia judicial. Y sin duda esta reforma es necesaria para pulir lo que diseñaron los constituyentes hace veinte años. Pero ante la urgencia, ¿por qué empezar por la que modifica el poder de la rama y no la que busca transformar una ineficaz operación?
El presidente Juan Manuel Santos y su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, hasta ahora van invictos en su faena en el Congreso. En un año les han aprobado todo tipo de reformas históricas, como la Ley de Víctimas, la de Regalías o el Estatuto Anticorrupción. Ahora, para comenzar el segundo año de gobierno, enfrentan una prueba distinta: la reforma a la justicia.
Si en el caso de las Víctimas la dificultad era que tocaba intereses de viejos terratenientes y eroces grupos armados, y en el de Regalías que les tenían que quitar plata a los bolsillos de los nuevos ricos, el reto con la justicia es distinto, porque se trata de una cirugía de alta complejidad a la estructura del Estado.
En los otros proyectos aprobados el país tenía cierta claridad sobre la necesidad de esos cambios, pero en este caso hay una gran polémica -y sobre todo muy respetuosa- entre dos de los tres grandes poderes del Estado: se trata de meterle la mano a la estructura de pesos y contrapesos que diseñaron los constituyentes hace veinte años.
No hay duda de que el presidente Santos tiene todas las cartas consigo para ganar esta nueva batalla en el Congreso. La Corte Suprema y el Consejo de Estado están esperando a que el gobierno presente su proyecto para definir si ellos presentan el propio. El problema es que en el Congreso se sabe qué entra, pero no qué sale. No obstante, ese es el camino de la democracia.
¿CAMBIARÁ LA POLÍTICA?
El jueves pasado, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la reforma política, en la Casa de Nariño. Lo acompañaron el ministro del Interior, Germán Vargas, y los directores de los partidos políticos. Según Santos, con esta reforma buscan una política “más ordenada y transparente”.
Aunque las leyes no necesariamente cambian las costumbres, la nueva reforma política incluye modificaciones drásticas para los candidatos, las campañas, las elecciones y, sobre todo, los partidos. SEMANA explica los más importantes.
La ley estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos -la segunda reforma política en ocho años-, sancionada por el presidente la semana pasada, es un avance importante hacia una política más transparente y ordenada y hacia un régimen de partidos más sólido en el país. La norma entra en vigor justo cuando empieza el proceso electoral hacia los comicios de octubre. Según varios expertos consultados por SEMANA, es difícil y riesgoso cambiar las reglas en medio del juego, y hay varios temas que han despertado incertidumbre y cuyo impacto podría ser mayúsculo si llegaran a aplicarse para estas elecciones -una perspectiva poco probable, pero que afectaría una eventual candidatura de Antanas Mockus, cambiaría las reglas con las que Gina Parody y Gustavo Petro han recogido firmas para inscribirse y complicaría las listas de los partidos, que tendrían que incluir un 30 por ciento de mujeres entre sus candidatos, entre otros eventuales problemas.
En principio, la incertidumbre debe resolverse esta semana. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió un concepto al Consejo de Estado sobre los temas espinosos, cuya respuesta se espera en estos días. El Consejo Nacional Electoral (CNE), al que le corresponde reglamentar y aplicar la reforma, la tiene bajo estudio. Y el registrador Carlos Ariel Sánchez no es partidario de aplicarla en estas elecciones, pues cree que eso afectaría el derecho de participación de todos los candidatos.
Sean cuales fueren las decisiones, lo claro es que desde ahora en la política han cambiado las reglas de juego. No todo vale y, ahora más que antes, el que la hace, la paga. Estos son los cambios más importantes en la vida política de Colombia:
¿Más mujeres, mejor política?
La reforma incluyó la polémica 'discriminación positiva' en favor de las mujeres: en adelante, en todas sus listas de candidatos a concejos, asambleas y Congreso, los partidos deberán incluir una cuota femenina del 30 por ciento. La norma pone sobre el tapete un importante debate. Unos alegan que no hay tantas mujeres en política y que la obligación de incluirlas llevará a poner a muchas de 'relleno' en las listas. Otros, en cambio, creen que sí las hay, pero las directivas de muchos partidos, por machismo, no las promueven. Otros más ven la cuota como un mal necesario para incentivar la participación de las mujeres en la política. Y hay hasta quienes alegan que, como el texto de la ley dice "géneros" y no "mujeres", en ese total deberían contarse homosexuales o transexuales. En todo caso, con polémica o sin ella, ya hay una norma para tratar de acercar el día en que haya mucho más de 30 por ciento de mujeres en la política por decisión propia.
Tecnología de punta
Colombia salta al primer mundo en materia de identificación de los votantes: aun sin voto electrónico, que solo será implementado en 2014, la reforma manda utilizar el mecanismo de identificación biométrica (verificar que la huella digital de la cédula coincida con su versión digitalizada en una base de datos). La Registraduría ya tiene las cédulas y las huellas correspondientes de los ciudadanos en una base de datos, y los recursos para comprar los aparatos que demanda el nuevo sistema deberán proveerse antes de 2014. De Cundinamarca a Dinamarca en materia de identificación de votantes: ahora será más complicado que los muertos voten o que la misma persona lo haga varias veces.
Conmigo o sin mí...
Desde ahora queda expresamente prohibido pertenecer a más de un partido simultáneamente, pues la reforma hace un gran esfuerzo por reglamentar y evitar la doble militancia. Todo miembro de un partido que quiera ser candidato por uno distinto debe renunciar a su partido original con 12 meses de anticipación. Si no lo hace, incurrirá en doble militancia, cuya sanción es la revocatoria de la inscripción. También se considera doble militancia que los directivos de los partidos apoyen a candidatos que aspiran por otra colectividad. Por último, quienes resulten elegidos deben mantenerse en su partido original mientras ocupan el cargo. Es decir, el puesto pertenece al partido más que al particular. La disciplina partidista ahora es en serio.
Cambia la financiación estatal…
Por primera vez se establece que la ayuda estatal se entregará en porcentajes ligados a varios criterios que, en general, benefician a los partidos más grandes. Solo el 10 por ciento de los recursos estatales será distribuido entre todos los partidos con personería, y otro tanto premia la inclusión de mujeres y jóvenes. La parte del león se repartirá de acuerdo con la votación: el 65 por ciento proporcionalmente a las curules obtenidas en la elección anterior y otro 15 por ciento solo entre los partidos que hayan superado el umbral del 3 por ciento en esa elección. Medidas que, obviamente, hacen más ricos a los partidos más grandes.
También por primera vez se autorizan los anticipos de dinero estatal a los candidatos, y su cuantía se liga al resultado obtenido por el partido en la elección anterior al mismo cargo, lo cual también beneficia a los partidos grandes.
…Y se pone en cintura la privada
En cuanto a la financiación privada de campañas, ningún particular podrá contribuir con más del 10 por ciento del total del tope de gastos, que será fijado anualmente por el Consejo Nacional Electoral. Dueños de empresas de suerte y azar y contratistas que reciban más del 50 por ciento de sus recursos del Estado no podrán aportar a ninguna campaña. Ahora, personajes como Enilse López, 'la Gata', y otros de su estirpe la tendrán más difícil.
Partidos, a caminar derecho
De un régimen de sanciones ambiguo y en el que las autoridades electorales se pasaban la bola sin atreverse a castigar a los partidos y sus directivos se pasa a un catálogo de sanciones claras y de responsables para aplicarlas.
Los partidos tienen dos años para ajustar sus estatutos e incluir sanciones a sus directivos, que van de la amonestación a la expulsión por diversas faltas. Los partidos estarán obligados a sancionarlos por permitir financiación de fuentes prohibidas, violar topes e inscribir a candidatos inhabilitados, condenados, que hayan cometido delitos o estén relacionados con grupos ilegales. Serán responsables si candidatos de su partido, electos o no, cometen delitos. Y será obligatorio sancionarlos cuando cometan delitos contra la administración pública. Aunque queda el interrogante de qué pasará en el lapso de dos años mientras se ajustan los estatutos, más de un director de partido ya mira con lupa los avales que entrega.
El CNE puede suspender a los partidos la financiación estatal, revocarles el derecho de inscribir candidatos, cancelar su personería jurídica y decretar su disolución. Por primera vez, los partidos serán responsables por sus congresistas condenados. Se les restarán los votos de cada padre de la patria en esa situación y si debido a eso quedan por debajo del umbral, perderán su personería jurídica.